Entre las bancas sólo hubo palabras de apoyo, de celebración, de reivindicación y felicitaciones para quienes impulsaron y trabajaron en los temas en un día que fue catalogado histórico. Se habló de saldar una deuda de justicia social. En los palcos del recinto y en las calles abundó el apoyo gremial, la emoción y los cánticos de celebración por un reconocimiento por el que peleó durante décadas el personal sanitario y el educativo. De todos modos, hubo advertencias para que la Casa de Gobierno promulgue las leyes y ponga en vigencia plena los beneficios cuanto antes.

Ambas iniciativas fueron enviadas por el Poder Ejecutivo meses antes de las elecciones provinciales, con el aval de los titulares de los Ministerios correspondientes. En el recinto, sin embargo, quedó claro que los proyectos llegaron bajo climas dispares. Las autoridades de la cartera sanitaria asistieron al debate y celebraron la sanción de las reformas, mientras que no se informó que hayan participado responsables del Ministerio de Educación; incluso, hubo críticas de parte de algunos legisladores por tener que recurrir a la sanción de una ley ante el incumplimiento del Estatuto Docente.

Beneficiarios: 22.000

Más de una docena de legisladores de todos los colores políticos expresaron su respaldo a la reforma sanitaria, las cuales significan mejoras salariales (rondaría el 80%) y reconocimientos a los esfuerzos del personal. Se modificarán los coeficientes mediante los cuales se calculan los salarios para que los agentes sanitarios del sistema público cobren de acuerdo a su formación y sus responsabilidades.

Los cambios fueron respaldados por los gremios de ATSA, Sumar, Sitas, ATE Y UPCN, y acompañados por el ministro Luis Medina Ruiz, el secretario Ejecutivo Médico del Siprosa, Miguel Ferre Contreras, y el titular del Colegio Médico, Héctor Sale, entre otras autoridades. Los Autoconvocados, incluso, adelantaron que levantarán la medida de fuerza que llevan adelante desde el año pasado.

“Es una ley muy reclamada; se van a beneficiar más de 22.000 trabajadores”, afirmó el legislador y titular de ATSA, Reneé Ramírez. El titular de la comisión de Salud señaló que la reforma es un gran reconocimiento que hace la Provincia a la tarea desarrollada por los trabajadores de la salud antes, durante y después de la pandemia. “Es un proyecto reivindicativo. Revaloriza la tarea de los agentes de salud, no sólo con el aplauso, sino aumentando el salario”, dijo. Subrayó que ahora el compromiso de parte del Estado es que la ley sea promulgada y reglamentada para que se implemente cuanto antes en un 100%.

El presidente de la comisión de Legislación General, Raúl Ferrazzano, destacó el reconocimiento y la voluntad política del vicegobernador, Osvaldo Jaldo, para la reforma. “Va a mejorar sustancialmente sus remuneraciones. Este espacio político siempre va a estar a favor de la ampliación de derechos”, dijo. Los oficialistas Zacarías Khoder y Carlos Gómez, a su vez, resaltaron que con esta norma se verá beneficiado y fortalecido el sistema público de salud dado que los profesionales se mantendrán en constante formación.

Boletas más cortas

Legisladores de la oposición también expresaron su beneplácito por los cambios. Fuerza Republicana respaldó la iniciativa y Mario Casali recordó la lucha contra la covid-19 en la memoria de Jesús Amenábar. El radical José Ricardo Ascárate y Federico Masso (Libres del Sur) celebraron las reivindicaciones, pero solicitaron mejoras en los salarios básicos de los trabajadores y que el Estado comience a hacer boletas de sueldo más cortas, con menos ítems no remunerativos. Raúl Pellegrini (PJS), a su vez, pidió al Gobierno que se agilice la implementación para que se dé en el menor tiempo posible.

José María Canelada (UCR) subrayó que la lucha de los trabajadores sanitarios lleva casi 15 años en la provincia y pidió que estos cambios no sean una línea de llegada sino el inicio de otras reivindicaciones para el sector. Nadima Pecci (PRO) destacó que sea el mérito, el trabajo y la educación lo que se priorice y “no la politización que muchas veces ocurre en el ámbito estatal”. El oficialista Gabriel Yedlin discrepó con estos dichos ya que -dijo- hay todo un entorno que se debe contemplar, como universidades y hospitales públicos.

También hubo unanimidad, celebraciones y palabras de elogios de todas las bancadas a la hora de aprobar la titularización de los docentes de jornada completa que se desempeñan en establecimientos de educación pública, dependientes del Sistema Educativo Provincial. Fue festejado y arengado desde los palcos por dirigentes de la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP), del Sindicato Docente de Tucumán (Sidot) y de la Unión Docentes Tucumanos (UDT).

La legisladora oficialista Graciela Gutiérrez resaltó la decisión política de Juan Manzur y de Jaldo para dar luz verde a los beneficios que alcanzarán a unos 700 educadores que deben cumplir múltiples roles y brindar contención a miles de niños. Su par, Adriana Najar, fue la más elogiada por todos los espacios políticos y gremiales por su trabajo para la sanción del proyecto de normalización. También se ponderó la insistencia que tuvo en el tema Regino Amado, vicepresidente de la Cámara. “Es un acto de dignificación a todos esos maestros, es una acto de justicia para todo el personal docente”, expuso Jorge Delgadino (FdT).

Sus pares de bancada, Tulio Caponio y Juan Ruiz Olivares, destacaron el trabajo gremial que desarrolló en ese sentido Carlos Giménez, titular de Sidot. “La promesa del poder político se está cumpliendo. Hoy se está haciendo patria”, arengó el monterizo.

Tanto Canelada, como Masso, Ascárate y Raúl Albarracín pusieron énfasis en que no es normal que se deba cumplir una ley de titularización dado que existe un Estatuto Docente (N° 3.470), pero que se está incumpliendo. “En esta sesión estamos empezando a poner en orden algunas cosas que algunos ministros no hicieron”, dijo Ascárate y despertó aplausos incluso de legisladores jaldistas